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En un nuevo intento por obligar al Gobierno nacional a dar marcha atrás con su política tarifaria, distintos sectores de la oposición impulsaron un proyecto para derogar el aumento en la energía eléctrica vigente desde el 1° de febrero: un gran número de intendentes peronistas de la Provincia de Buenos Aires junto a diputados nacionales de diferentes partidos políticos; el defensor del pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino, y el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), presentaron un recurso de amparo con el fin de retrotraer las tarifas a enero y así evitar el aumento del 26 por ciento en electricidad.

 

boada.jpg"En estos últimos tres años el aumento fue de entre 1053 y 2388 por ciento, pasamos a pagar más del 10 por ciento de nuestro salario en tarifas: acá lo único que justifica semejante aumento es una brutal transferencia de fondos, de dinero público a las grandes empresas concentradas", estimó, en diálogo con Frecuencia Zero, el titular de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada. Es que este aumento no será el único del año sino que, según ya anticipó la Secretaria de Energía, es la primera de cuatro que están estipulados para el resto del año. En este sentido, Boada explicó que como "se prevée un 23 por ciento de aumento salarial y un piso de inflación del 30", será el cuarto año consecutivo perdiendo contra la inflación, lo que sumado a los aumentos tarifarios, las naftas y el alquiler, están "agobiando a los consumidores".

El proyecto presentado por dirigentes de la oposición exige un "freno a los atropellos del Poder Ejecutivo" para "asegurar el derecho a una tarifa justa y razonable", al considerar que "los nuevos aumentos vulneran los estándares establecidos por la Corte Suprama en 2016". Hace dos años, el Máximo Tribunal había dictaminado que las tarifas debían cumplir con el criterio de "gradualidad", acorde con los niveles de ingresos de cada ciudadano. "Se viene una judicialización masiva en todo el país", auguró Boada. 

Por lo pronto, son los intendentes del conurbano, en su gran parte peronistas, los que esperan un guiño por parte de la Justicia para dar rienda a este proyecto, que descomprimiría la situación de uno de los sectores más vulnerados por la gestión económica del macrismo. "No permitiremos que este nuevo tarifazo siga complicando aún más el gasto familiar; estamos muy preocupados porque la gente hace un esfuerzo inmenso para pagar la luz", describió Veronica Magario, la intendente de La Matanza, el municipio más poblado de la Provincia de Buenos Aires.

 

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